A la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan para descentralizar las dependencias federales, cuyo costo se estima en más de 127 mil millones de pesos, sigue en pie y tal cual lo prometió desde que era presidente electo. Desde hace algunas semanas los titulares de las principales oficinas del gobierno federal recibieron la instrucción de Palacio Nacional para enviar a sus equipos de trabajo a los correspondientes estados.
El Presidente ordenó que, para 2022, la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de María Luisa Albores, ya debe estar operando desde Yucatán, en el edificio de la Conagua en Mérida, que fue inaugurado como sede de Semarnat en dos ocasiones anteriores, tanto por Josefa González Blanco, ahora embajadora en el Reino Unido, como por Víctor Manuel Toledo.
Lo que respecta a la Secretaría de Salud, a cargo todavía de Jorge Alcocer, deberá trasladarse a Guerrero, por lo que desde el mes pasado comenzaron a migrar sus escritorios a un edificio frente a la playa Hornos, tanto el titular de esa dependencia, como el polémico subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien seguramente agradecerá la mudanza a las playas del Pacífico.
El encono que últimamente ha mostrado López Obrador con los responsables del desabasto de medicamentos también aceleró la reubicación de los funcionarios de salud, por lo que se ordenó que en el primer semestre de 2022 haya al menos mil 200 colaboradores de la SSA, el desastroso Insabi, de Juan Ferrer, y la inoperante Cofepris, de Alejandro Svarch, despachando desde Acapulco.
La Secretaría de Educación Pública, que encabeza Delfina Gómez, enviará en los próximos días una primera comitiva de 200 personas a Puebla, en donde el gobernador Luis Miguel Barbosa ofreció ubicarlos en la denominada Ciudad Modelo en San José Chiapa, en el municipio de Huejotzingo. En ese centro se pretende instalar también una planta armadora de camiones eléctricos, la cual deberá convivir con la nueva colonia de docentes.
Alrededor de 2 mil trabajadores de la SEP tendrían que estar instalados antes de que termine el año en un recinto que no es del total agrado de la secretaria mexiquense, a pesar de que no deberá pagar una renta mensual por el inmueble. El pensamiento de la maestra está en 2023, donde se apresta a competir, de nueva cuenta, por la gubernatura del Estado de México.
Por último, el presidente instruyó que la Secretaría de Bienestar, de Javier May, se mude cuanto antes a Oaxaca, por lo que, con su aumento presupuestal de casi 98%, deberá planificar su traslado para operar desde allá programas sociales como el de pensiones para adultos mayores y Sembrando Vida.
Faltarán de completar su reubicación dependencias como la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, la de Energía en Tabasco, Economía en Nuevo León y Agricultura en Sonora; asimismo, Pemex, de Octavio Romero, deberá trasladarse a Campeche, y la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Bartlett, tendrá que garantizar el suministro eléctrico del país desde Chiapas.
Los recursos necesarios para completar el plan de descentralización de AMLO equivalen a poco más del total de los que Nuevo León tendrá para el ejercicio del siguiente año. También representan 2% del denominado “Presupuesto del Bienestar” que se ejercerá en 2022, el más grande Paquete de Egresos del que se tenga registro en la historia.
En tiempos de austeridad franciscana y con un Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que muy probablemente no empatará con los ingresos esperados, la descentralización que persigue el presidente suena a capricho.