El operativo conjunto de las fuerzas estatales (Guanajuato) y federales, que culminó con la detención de José Antonio Yepez, mejor conocido como «el marro», significa un avance en dos vías, por un lado en el tema del huachicoleo y el crimen organizado en el Bajío y por otro, como una prueba que los estados y la federación pueden ponerse de acuerdo, aún cuando pertenezcan a partidos políticos distintos.
No se debe regatear el esfuerzo que tanto el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como el presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron, principalmente sus funcionarios en materia policial, de defensa e inteligencia para lograr este objetivo que sin lugar a dudas, es un duro golpe al crimen organizado en Guanajuato.
Ahora bien, esto es solo el inicio del desmantelamiento, no deben, ni el gobierno de Guanajuato ni el gobierno federal, quedarse en el triunfalismo de la detención, como ocurría con los espectáculos mediáticos que en su momento encabezaban Genaro García Luna y Felipe Calderón, cuando detenían capos del narcotráfico en aquellos años.
Las organizaciones criminales funcionan como grandes corporativos (delincuenciales), donde a falta de un líder otro toma su responsabilidad, la estructura queda lesionada pero no derribada, salvo que las autoridades tengan una estrategia clara para el desmantelamiento total.
Evidentemente, son temas en los que nos queda dar el beneficio de la duda, pues resulta complejo pretender que las autoridades revelen la estrategia dado que puede ponerse en riesgo la ejecución de la misma.
Ahora falta otra parte, la del poder judicial, la de quienes procuran la justicia esperando que no se libere a este individuo, sería un golpe terrible para la justicia en este país.
Sin regateos reconozcamos la estrategia y el resultado, como parte de una obligación del estado y, exijamos que se continúe hasta la base de esta organización criminal, así como de las demás que existen en el país, con inteligencia, atacando sus finanzas y deteniendo a los delincuentes.