Jorge Marcelino Alejo
Con la LXI Legislatura Local, ya serán dos las que revisen la legislación que permitió pasar a manos particulares el manejo del agua potable en Puebla. Tal indagación fue disposición del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su mandato.
Y solo por eso, al menos como mera referencia, en esa revisión se deberá incluir el revire que le hizo el ex síndico municipal suplente Omar Jiménez Castro al presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, al recordarle que en sesión de Cabildo en 2013, él inició la privatización del agua.
El señalamiento de Omar Jiménez se desprendió cuando días atrás, Rivera Pérez afirmó que hay un “falso debate” que lo señala como quien abrió paso al contrato con la empresa Concesiones Integrales.
Si Omar destaca que su afirmación ocurrió en 2013, durante la primera gestión como presidente municipal de Eduardo Rivera Pérez, la Legislatura actual deberá registrar esa actuación, en la revisión legislativa que ahora debe estar realizando.
Solo como dato histórico, citamos que desde antes que fuera candidato a Presidente de México, López Obrador fijó su postura en contra de la privatización del agua. Ya como Presidente ratificó su posición y pidió a los estados afectados con este problema –Puebla incluido- a que hicieran una revisión de las legislaciones donde se permitió que el agua pasara a manos privadas.
Otro dato importante de su petición, fue destacar que sería hasta la segunda mitad de su sexenio, cuando se tomarían las disposiciones necesarias para revertir tales procesos. Y curiosamente ya estamos en ese tiempo.
Pues bien, en el entendido de que la LX Legislatura revisó y entregó sus conclusiones legislativas que debió hacer, solo queda recordarles a las y a los diputados de la LXI Legislatura, que están emplazados a la revisión de dichas legislaciones, para que el Gobierno Federal proceda en consecuencia.
Si esto es así, se entiende entonces, que la desprivatización del agua en Puebla, ni está olvidada ni se está empezando a olvidar.
Como en contraste, sí ocurre con otros asuntos de gran preocupación para los poblanos, porque les representan trabajo, sudor y pago de impuestos.
Y vaya que les preocupa, porque se trata de la renegociación de la Deuda Pública del Estado, la investigación de la turbia aplicación de los PPS y las APP -Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público-Privadas- que se ejercieron en la construcción de las plataformas en Audi, el Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios, entre otros, que solo se sacan a relucir en tiempos de elecciones políticas, para después, echarlos al olvido.
M E M O R A N D U M
FACTURAS
Bien dicen por ahí que no se debe perder la capacidad de asombro, porque mucho de este contenido aflora cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la prisión oficiosa en los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas.
En sus sesudos análisis, la Corte concluye que esa medida va en contra de los derechos humanos y contraria al principio de la presunción de inocencia.
Por supuesto que la Cuarta Transformación volverá a la carga, pero será con otros argumentos que sensibilicen a Ministros de la Corte, y sopesen cómo evitar estas faltas que traen consigo efectos negativos.
Mientras tanto, quienes contrabandean mercancías, defraudan al Fisco y usan facturas falsas, sin problema, pueden seguir con sus actividades habituales.
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