Jorge Marcelino Alejo
El próximo lunes 5 de abril, con el inicio de campañas políticas para las elecciones de junio próximo, nos acercaremos un paso más al momento de constatar, si con la Nueva Ley General en Materia de Delitos Electorales será más barata la democracia.
Ese anhelo es deseable ahora más que nunca, sobre todo porque se necesitarán recursos económicos incuantificables aun, para que la planta productiva emprenda una sostenible reactivación económica.
Es decir, en lugar de dilapidar miles de millones de pesos en infraestructura electoral, campañas políticas, impugnaciones de resultados y otros menesteres que encarecen la democracia, si se inhiben y castigan delitos electorales, por fin, alcanzaremos el menor costo del ejercicio democrático.
Es difícil precisar el gasto total del proceso electoral. Cierto, hay números oficiales de que el Instituto Nacional Electoral –INE- tiene un presupuesto de más de 19 mil millones de pesos, de los cuales entregará más de siete mil millones a una decena de partidos políticos. A ello se agregan presupuestos adicionales, que Gobiernos Estatales canalizan a Institutos Estatales Electorales. Más aportaciones voluntarias de militantes partidistas.
Ah pero si ahora tenemos que se castigará con sanción y cárcel al fraude electoral -Ley sobre Delitos Electorales- se advierte que también se reforzará la prohibición del financiamiento ilícito a partidos y candidatos proveniente del Narco, igual a donaciones de recursos que esconden aviesos intereses, vamos, se evitará que haya nexos monetarios con partidos o candidatos con el crimen organizado.
Será por eso que ante un berenjenal de recursos, que se aglutinan en torno al proceso electoral, los analistas y matemáticos hacen estimaciones de que cada voto podría costar entre 350 y 500 pesos, dependiendo de qué porcentaje será el abstencionismo de votantes.
En fin, junio ya está cerca y estamos en el umbral de históricas elecciones. Quizá los procesos electorales llegaron a tener tantos vicios que no serán fácil de superar, pero si nos impregnamos de optimismo, estamos a pocas semanas de que no se solapen más los delitos electorales.
Así, ya NO será tan cara la democracia en el país.
M E M O R A N D U M
UNO o DOS
El gobernador del Estado Miguel Barbosa, señaló que en el pasado reciente, facturar obras o servicios con empresas fantasmas a cargo del erario público, fue una práctica delincuencial entre presidentes municipales y funcionarios estatales. Ya hay 35 denuncias.
De inmediato se advierte que son pocas.
Habrá que poner a trabajar en serio al titular de la Auditoria Superior del Estado, Francisco Romero Serrano.
Si hay disposición le va una sugerencia. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación -Canacintra Puebla- Luis Espinosa, señala que las empresas que operan de esa manera, son las de reciente creación que tienen entre uno y dos años, no supervisados por la autoridad correspondiente.
Si le hurga por ese lado, el Auditor Romero pronto informará cuántas empresas con uno o dos años de creación, surgieron en el – como dice el gobernador-“pasado reciente”; y cuántas tuvieron tratos con espíritus del más allá.
ESTRUCTURA
El panista Eduardo Rivera Pérez candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, para contender por la Presidencia Municipal de Puebla, fue presentado a la estructura priísta. Les enfatizó que cuando se trata de un bien común, se pueden hacer a un lado sus diferencias; hoy se requiere sumar y multiplicar, porque el propósito mayor es Puebla.
En otras circunstancias, nunca se le creería un pronunciamiento en ese tenor, y tal vez ni él se lo crea.
En cambio –insólito- los priístas deben creerle y además votar por él.
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